¿Qué ha logrado la política económica del gobierno interino?

Hace apenas dos semanas, el Presidente (E) de Venezuela Juan Guaidó, a quien 57 países reconocen como el legítimo jefe de nuestro Poder Ejecutivo, culminó una exitosa gira internacional que mostró el fuerte apoyo internacional a la lucha por restablecer la democracia en Venezuela.  El reconocimiento cosechado en esta gira refleja en gran medida los aciertos de una diplomacia que decidió enfocarse en la búsqueda de espacios de coincidencia entre actores internacionales a quienes, si bien en otros temas puedan tener posiciones divergentes, une el deseo de defender la democracia y los derechos humanos. 

La exitosa construcción de consensos promovida por la cancillería del gobierno interino contrasta fuertemente con la forma en la que el equipo económico del mismo gobierno ha venido manejando las relaciones con actores económicos fundamentales para el relanzamiento de la economía venezolana.  Lamentablemente, la política económica del gobierno de Guaidó tiene de torpe todo lo que su política exterior tiene de astuta.

Confieso que hago algunas de estas críticas no sin temor a que puedan ser distorsionadas por los representantes del gobierno de facto de Maduro para atacar las posibilidades de un cambio democrático.  Sin embargo, considero importante alertar sobre el riesgo de continuar cometiendo los errores en los que se ha incurrido, y creo que el debate constructivo de ideas, lejos de debilitar a las fuerzas democráticas de nuestra nación, las fortalece.  Nada de lo que escribo en este artículo debe ser tomado como un cuestionamiento ético a los miembros del equipo económico.  Por el contrario, guardo un gran respeto y aprecio por muchos de ellos, y estoy convencido de que los mueve la convicción y el deseo de ayudar al país.  Sin embargo, ello no implica que son infalibles y considero que algunos de sus desaciertos deben estar sujetos a la discusión pública por el bien del país.

En este artículo no tocaré el tema de la adopción de sanciones económicas contra Venezuela por parte de Estados Unidos, las cuales se han profundizado después de la gira. Mi posición con respecto a estas sanciones es conocida y la he expresado en otras publicaciones: no creo que aumentan la probabilidad de que Maduro pierda el poder, pero sí exacerban el sufrimiento de los venezolanos. Dicho eso, la decisión de adoptar esta línea es una decisión consciente y articulada que está dentro de los objetivos de la política exterior del gobierno interino. El que existan sanciones contra el sector petrolero venezolano no es una decisión de política económica – que es lo que busco discutir en este artículo. Las estrategias que se pueden adoptar para mitigar los efectos de estas sanciones sí lo son, y por tanto forman parte de mi discusión.

—————————————-

El alcance de la política económica de un gobierno que no tiene control sobre el territorio nacional es, por supuesto, inherentemente limitado.  Le corresponde en enfocarse en el manejo provisional de los activos y pasivos de la República, su uso prudencial para atender – con los instrumentos a su disposición – los efectos de la crisis humanitaria vivida por venezolanos dentro y fuera del territorio nacional, y la construcción de alianzas necesarias para asegurar la pronta recuperación de la nación cuando se inicie la transición democrática.  En todas estas dimensiones, el equipo económico del gobierno interino ha incurrido en serios errores y omisiones que han afectado adversamente  el bienestar de los venezolanos dentro y fuera del país.

La exitosa gestión de la cancillería del gobierno interino contrasta con la forma en la que el equipo económico del mismo gobierno ha manejado las relaciones con actores económicos fundamentales para el relanzamiento de la economía venezolana.

A partir de la decisión del gobierno estadounidense de reconocer al Presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como Presidente Encargado de Venezuela el 23 de enero de 2019, las cortes estadounidenses han afirmado el control del gobierno que él preside sobre los activos físicos y financieros del Estado venezolano.  Se estima que el valor de estos fondos en el sistema financiero estadounidense puede estar por el orden de al menos unos seis mil millones de dólares (dado que las autoridades no han publicado cifras oficiales, es difícil especificar el monto con precisión).  Dado que Venezuela hoy atraviesa una crisis económica y humanitaria sin precedentes en la historia de nuestra región, la primera pregunta que debió haberse hecho el equipo económico al inicio de su gestión era cómo usar algunos de esos recursos para atender las necesidades más urgentes de los venezolanos. 

Lamentablemente, hasta el día de hoy no se ha implementado ningún plan del gobierno interino para usar los recursos de los que dispone para atender la emergencia humanitaria.  Sólo el 18 de febrero, a más de un año de haberse asumido las funciones de gobierno, se sometió a consideración de la Asamblea Nacional la creación de un fondo especial para la liberación de Venezuela con base a una fracción pequeña de esos recursos (aproximadamente el 1% de la disponibilidad estimada), la gran mayoría de los cuales será destinado a financiar el establecimiento de una burocracia paralela y solo una fracción para atender la emergencia humanitaria. La pregunta obligada, que exige una respuesta por parte de los representantes del equipo económico, es cuál es la razón por la que se dejó de pasar un año en el cual millones de venezolanos que podrían haber sido ayudados con estos recursos sufrieron los embates de una crisis económica y humanitaria sin precedentes, y por qué no se está priorizando la atención a esta crisis en la asignación de recursos presentada.

Por poner un ejemplo, de acuerdo con estimaciones del Representante Especial de la Organización de Naciones Unidas para la Crisis Migratoria Venezolana, Eduardo Stein, se necesitan aproximadamente mil quinientos millones de dólares para atender el éxodo de venezolanos, de lo cual sólo se han recaudado menos de trescientos millones.  ¿Por qué el gobierno interino no ha contribuido fondos con esta iniciativa que, de lograr financiarse, haría una diferencia significativa en la vida de millones de venezolanos?  ¿Por qué, por ejemplo, no se contempla un aporte a este fondo en el presupuesto preliminar de gastos del Fondo Especial aprobado el 18 de febrero?

Varios organismos especializados han sugerido formas en las que se podrían utilizar los recursos del país para atender a aquellos que no se han ido de Venezuela y que en algunos casos atraviesan dificultades tan fuertes como los migrantes.  Investigadores del Center for Strategic and International Studies (CSIS), por ejemplo, ha estudiado la posibilidad de hacer transferencias directas a los venezolanos dentro del territorio a través de transferencias directas usando mecanismos que no puedan ser controlados por el régimen de Maduro.  El Subsecretario General para Asuntos Humanitarios de la ONU, Mark Lowcock, recomendó en noviembre de 2019 el uso de recursos congelados para atender la crisis humanitaria venezolana.  La Fundación Petróleo por Venezuela, la cual dirijo, ha elaborado una propuesta para recuperar el acceso al mercado petrolero estadounidense mediante un acuerdo entre las partes que permita que los recursos se destinen a la compra de bienes e insumos esenciales para atender la crisis humanitaria, bajo supervisión internacional y un mecanismo de distribución despolitizada.  Lamentablemente, el equipo económico del gobierno interino no ha tomado posición con respecto a ninguna de estas iniciativas ni ha presentado un plan alternativo para atender la emergencia humanitaria.

¿Cuál es la razón por la que se dejó de pasar un año en el cual millones de venezolanos que podrían haber sido ayudados con estos recursos sufrieron los embates de una crisis económica y humanitaria sin precedentes?

Durante años, los gobiernos de Chávez y Maduro manejaron las finanzas públicas con una creciente opacidad, facilitando el uso arbitrario de recursos y sentando las bases para el enorme despilfarro y corrupción que causaron la tragedia que hoy vivimos.  En el año 2002, como Jefe de la Oficina de Asesoría Económica de la Asamblea Nacional – posición a la cual fui nombrado con el apoyo unánime de todas las fuerzas políticas representadas en Poder Legislativo – denuncié la malversación de 3 mil 100 millones de dólares que debían haber sido depositados en el Fondo de Inversión y Estabilización Macroeconómica por Hugo Chávez.  Como resultado de esta denuncia, la mayoría oficialista procedió a separarme ilegalmente de mi cargo a pesar de no contar con las dos terceras partes de la Asamblea requeridas para hacerlo.

De la misma forma en la que denuncié desde un primer momento mi preocupación por el manejo oscuro de fondos por parte de los gobiernos de Chávez y Maduro, debo alertar al equipo económico del gobierno interino sobre los graves peligros de la falta de transparencia en el manejo de los recursos. Subrayo que no pongo en duda de ninguna forma la honestidad de los miembros de este equipo, sino que alerto sobre los peligros de generar incentivos que pueden tener efectos perversos.

La falta de transparencia afecta tanto a la información sobre la disponibilidad de recursos como sobre su utilización.  Como ya señalamos, las autoridades del gobierno interino no han publicado ninguna cifra indicativa de la cantidad de fondos sobre los cuales ha obtenido control ni de las decisiones que se han tomado sobre su administración. A pesar de que los artículos 311 y 312 de la Constitución requieren que el Poder Ejecutivo someta a consideración de la Asamblea Nacional una Ley de Presupuesto y Endeudamiento Anual, ello no se ha hecho, perpetuando hasta ahora la poco creíble ficción de que el gobierno interino no dispone de ingresos ni gastos. 

El principal daño que los gobiernos de Chávez y Maduro le hicieron a la economía venezolana fue el desmontaje sistemático de una economía de mercado y los derechos de propiedad.  Las frecuentes expropiaciones y rompimiento de contratos generaron no solo un aluvión de demandas internacionales sino una desconfianza crónica por parte de los inversionistas afectados, cuya disposición a invertir en Venezuela se reducía proporcionalmente a medida que aumentaba el abuso de poder de los gobiernos de la época chavista.  Por citar un ejemplo, Chávez otorgó y revocó concesiones mineras a siete compañías distintas para operar el complejo minero guayanés de Las Cristinas.  Cada empresa que recibía una concesión demandaba condiciones más leoninas del gobierno, ya que éste no hacía más que demostrar reiteradamente su poca disposición a cumplir con los contratos que él mismo suscribía.

Dada esta experiencia y las evidentes necesidades de recursos para la recuperación económica de nuestro país, uno habría esperado desde el inicio del gobierno interino un conjunto de señales claras a los inversionistas que inspirasen confianza en las oportunidades para participar en el resurgimiento de una Venezuela democrática.  Una de las primeras tareas del equipo económico debió haber sido la construcción de un inventario de empresas y activos públicos a ser privatizados y su presentación ante los mercados internacionales, ofreciéndole un trato preferencial en una futura restructuración de deuda a quienes se comprometiesen a reinvertir recursos en el desarrollo de Venezuela durante la transición. De esa forma, se habría sumado no sólo el apoyo económico de los inversionistas al proyecto de recuperación, sino también su compromiso público con un proyecto de cambio democrático.

Hasta la fecha, el único documento de política económica generado por el equipo económico ha sido un plan de restructuración de deuda que adolece de serios problemas conceptuales. El plan plantea el trato igualitario a los acreedores independientemente de las condiciones de emisión, ignorando que un acreedor con una obligación emitida de acuerdo con la ley estadounidense tiene derechos diferentes frente a un tribunal internacional que alguien que tiene un pagaré de una empresa del estado emitido en base a la ley venezolana.  Incomprensiblemente, los principios definen a la deuda externa en base a la moneda de su denominación, abriendo la posibilidad de que sentencias del Tribunal Supremo de Justicia obliguen al reconocimiento de pasivos internos en moneda extranjera y por tanto le otorguen a estos el mismo trato de deuda externa.  No sorprende que el plan haya sido recibido con escepticismo y relegado al olvido. La inacción de la Comisión de Restructuración de Deuda es, de hecho, tan evidente que hasta la fecha no se ha podido constatar si uno de sus miembros renunció a su posición hace meses.

Una de las primeras tareas debió haber sido la construcción de un inventario de empresas y activos públicos a ser privatizados y su presentación ante los mercados internacionales.

Una dimensión preocupante del enfoque de la política económica del gobierno interino ha estado en la innecesaria antagonización de los fondos de inversión estadounidenses y europeos que a lo largo de los últimos años invirtieron en deuda venezolana.  Me refiero a fondos reconocidos internacionalmente – tales como Ashmore, PIMCO y BlackRock, entre otros – que tienen una enorme influencia sobre el sentimiento de los mercados financieros internacionales.  La mayoría de los gobiernos hacen enormes esfuerzos por convencer a estos grupos para que inviertan en su país.  El equipo económico del gobierno interino, por el contrario, se ha concentrado en atacarlos sin fundamento, acusándoles de haber actuado como colaboradores del régimen de Maduro y de contribuir a exacerbar la crisis humanitaria venezolana.  Funcionarios del gobierno interino se han referido en repetidas ocasiones a estos fondos de inversión como “financistas de Maduro” y “tenedores de bonos del hambre,” generando una confrontación innecesaria que solo puede hacer daño a las perspectivas de cambio en nuestro país.

En el último giro de esta extraña estrategia, los representantes legales del gobierno interino han decidido acusar a algunos de los fondos de inversión más renombrados del mundo de haberse coludido con el régimen de Maduro para estafar a los venezolanos.  En un escrito presentado ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York en Octubre del año pasado, los abogados de la junta ad hoc de PDVSA nombrada por el gobierno interino alegan que estos inversionistas invirtieron en notas emitidas por PDVSA en el año 2016 con el fin de “extender un salvavidas financiero y político al régimen de Maduro” a pesar de conocer que (según alegan) habían sido emitidas ilegalmente.

¿Tiene esta acusación algún fundamento en la realidad?  No.  Todos los expertos legales y analistas financieros que analizaron el tema en el momento de la emisión concurrían en la legalidad de la deuda en base a la excepción que el artículo 101 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público confiere a PDVSA y el Banco Central en cuanto a los requerimientos de autorización parlamentaria y prohibición de enajenación de activos. De haber habido un cuestionamiento serio a la legalidad de la emisión en el momento, difícilmente PDVSA habría podido canjear 2 mil 800 millones de dólares con esa oferta.

No es cierto que hacer esta grave acusación sea necesario para defender a CITGO.  Como ha explicado el Procurador Especial José Ignacio Hernández, CITGO se encuentra protegida por la Orden Ejecutiva 13,884 del 5 de agosto de 2019 y por la suspensión de la Licencia General 5B.  Todas las órdenes de embargo son por ende inejecutables a menos que el gobierno de Donald Trump decida lo contrario.  Lo que está en discusión aquí no es la pérdida de CITGO, sino el derecho que tienen los acreedores que adquirieron deuda garantizada a un trato preferencial en un proceso futuro de restructuración.

Tal vez lo más preocupante de esta pelea es que ocurre a pesar de que los acreedores han ofrecido renegociar la deuda en condiciones favorables para la República de forma de dar tiempo para que se produzca la transición política. En otras palabras, el equipo a cargo de la estrategia económica del gobierno interino tuvo la opción de anunciar al mundo un acuerdo amistoso con los acreedores que permitiese diferir los pagos de esta deuda y mostrar así el respaldo y confianza de los mercados de capital internacional con el cambio democrático en Venezuela.  Al contrario, decidieron acusar a algunos de los fondos de inversión más reconocidos del mundo de ser estafadores ante tribunales internacionales y emprender una demanda legal mal concebida que muy probablemente termine en una penosa derrota legal y en la irreparable antagonización de los mercados que Venezuela necesitará para su recuperación económica.

Es como si el presidente Guaidó antes de entrar al discurso del Estado de la Unión hubiese decidido dar unas declaraciones acusando a la congresista Nancy Pelosi de colaboracionista del régimen de Maduro y se hubiese negado a reunirse con los líderes del partido demócrata.

El equipo económico tuvo la opción de anunciar un acuerdo amistoso con los acreedores que permitiese diferir pagos y mostrar así el respaldo y confianza de los mercados con el cambio democrático en Venezuela

Lograr una transición democrática en Venezuela va a requerir tenacidad, cautela y ponderación.  Por respeto con todos los venezolanos que han dado parte o toda su vida por lograr este cambio, tenemos un compromiso histórico de actuar con la responsabilidad necesaria para sumar la mayor cantidad de aliados en esta lucha por nuestro futuro.  Contra la opacidad, corrupción y arbitrariedad de la dictadura, se debe gobernar con los ejemplos de la transparencia, integridad y apego por la ley.


Francisco Rodríguez es profesor visitante de la Universidad de Tulane y director y fundador de la Fundación Petróleo por Venezuela. Ha sido Jefe de la Oficina de Asesoría Económica de la Asamblea Nacional, Director de Investigación de la Oficina para el Informe de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y Economista Jefe para la Región Andina de Bank of America Merrill Lynch, entre otras ocupaciones.  Ha sido consultor para varias fundaciones, organismos internacionales y fondos de inversión internacional; ver aquí para una lista completa.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s