La decisión de participar en una elección no se trata de asignar legitimidad, sino de elegir un terreno en el que se pueda disputar el poder a un régimen autoritario.
Con Pilar Navarro, Economista Senior, EMFI Securities
El presidente de un país del norte de América del Sur violó todas las reglas de la democracia. Compró votos descaradamente con recursos públicos, intimidó a los líderes políticos de la oposición y restringió a los partidos que lo adversaban. Escogió a las autoridades electorales y llenó las instituciones con sus seguidores, frustrando las esperanzas de un proceso electoral imparcial. No mostró ninguna intención de dejar el poder pacíficamente, en parte, porque fue declarado culpable de tráfico de drogas en una jurisdicción extranjera.
Se podría pensar que la única forma de sacar del poder a este presidente sería mediante sanciones económicas, presiones externas y, tal vez incluso, una intervención militar. Ciertamente, participar en sus falsas elecciones solo serviría para legitimar su gobierno. ¿Correcto? Pues no fue así. Este país es Surinam, y su oposición hizo bien todo lo que la oposición venezolana está haciendo mal.
El 16 de julio, una década de gobierno del líder autoritario Desi Bouterse llegó a su fin después de que el parlamento del país eligiera al líder de la oposición Chandrikapersad ‘Chan’ Santokhi como nuevo presidente del país. Fue la consecuencia de una sorprendente victoria del Partido de Reforma Progresista (VHP, por sus siglas en holandés) de Santokhi en las elecciones generales de mayo de 2020, dos meses después de que se construyera una coalición para lograr una supermayoría parlamentaria y lograr la elección de Santokhi.
Hubiera sido más sencillo boicotear las elecciones generales de mayo, como hizo la oposición en Venezuela con las elecciones presidenciales de 2018, y que ya ha anunciado que volverá a hacer con las elecciones legislativas de este año. Ciertamente, había muchas razones para denunciar el proceso electoral de Surinam como irremediablemente sesgado. Las autoridades electorales fueron seleccionadas por Bouterse, se prohibieron las alianzas entre partidos electorales y las listas de votantes incluían personas fallecidas o que no vivían en las direcciones que habían indicado. Durante la campaña Bourterse celebró reuniones masivas durante la cuarentena, incluso cuando éstas habían sido legalmente prohibidas. Incluso, un video en Twitter muestra una caravana del Partido Nacional Demócrata (NDP, por sus siglas en holandés) de Bouterse arrojando dinero a la gente.
Típico del manual del dictador, el gobierno de Bouterse también impulsó cambios de última hora en la legislación electoral que incluyeron la creación de colegios electorales móviles, un proceso que se vio empañado por retrasos en la entrega de tarjetas de votación y materiales electorales. A todo esto se suma que Surinam tiene una legislación electoral ya sesgada: por ejemplo, el tamaño del distrito es independiente del tamaño de la población y las regiones rurales, donde el NDP de Bouterse tiene mayor apoyo, están sobrerrepresentadas en relación con su población, lo que hace que el gobierno tenga más probabilidades de ganar incluso si la oposición recibe más votos totales.
Teniendo en cuenta la discusión en la vecina Venezuela sobre actos similares del gobierno de Maduro y su Tribunal Supremo de Justicia para las próximas elecciones a la Asamblea Nacional, vale la pena comprender hasta qué punto las autoridades electorales de Surinam han estado bajo el control del gobierno de Bouterse. Hay dos instituciones electorales en Surinam, la Oficina Electoral Independiente (OKB) y la Autoridad Electoral Central (CHS). Ambas tienen jefes designados por el presidente y ambos son miembros del NDP. No solo eso, sino que la organización del evento electoral está directamente a cargo del Ministerio del Interior. El control de Bouterse era tal que, hacia el final del día de las elecciones, él y varios ministros se reunieron con la presidenta de la OKB para decidir cuánto tiempo dejar abiertos los colegios electorales. El régimen de Maduro, al menos, ha tenido la mínima decencia de mantener tales reuniones fuera del ojo público.
Ciertamente, el VHP podría haber decidido boicotear la votación y afirmar que no había condiciones para unas elecciones libres y justas. En cambio, el movimiento de oposición asumió el desafío, apostando a que la creciente impopularidad de Bouterse, la profunda crisis económica del país y la frustración de los votantes por el aislamiento internacional los ayudarían a superar a un sistema electoral corrupto y politizado. Claro, los gobernantes siempre pueden intentar manipular las elecciones, pero hacerlo es mucho más difícil cuando una avalancha de votantes quiere expulsarlos del poder.
Y valió la pena. El VHP obtuvo el 39,4% de los votos nacionales, frente al 24% del NDP. Si bien esto le garantizó al VHP una pluralidad de escaños en el parlamento, no obtuvo la supermayoría de dos tercios necesaria para nombrar a un presidente sin apelar a la Asamblea Popular, un órgano más amplio que incluye representantes regionales. Lo que siguió fueron dos meses de hábiles negociaciones, en las que el VHP pudo obtener el apoyo de cuatro partidos más pequeños que aseguraron la supermayoría requerida.
Probablemente nunca obtendremos una imagen completa de todo lo que ocurrió detrás del escenario para hacer posible la transición, pero podemos obtener algunas pistas de las señales externas.
Primero, el VHP necesitaba llegar a acuerdos con algunos personajes desagradables. Un ejemplo destacado es Ronnie Brunswijk, un ex guardaespaldas de Bouterse que ahora encabeza el Partido de Desarrollo y Liberación General (ABOP), y que además fue elegido por la legislatura para ocupar el cargo de vicepresidente junto con Santokhi a cambio de los votos de su partido. Brunswijk, quien fue cortejado asiduamente por Bouterse, también ha sido condenado in absentia por tráfico de drogas en los Países Bajos y Francia. Después se llegó a un acuerdo de transferencia de poder en una reunión cara a cara de una hora entre Bouterse y Santokhi. Como escribió el periodista belga Walter Lotens, “Lo que se discutió durante esa conversación no aparecerá en los registros históricos, pero sin duda tuvo que ver con dar garantías a Bouterse de una manera diplomáticamente discreta”. Bouterse, que inicialmente había exigido un recuento de los votos, anunció después de la reunión que aceptaría los resultados. “Cuando la gente ha hablado, tenemos que inclinar la cabeza”, dijo el exdictador.
¿Por qué competir?
Los líderes autoritarios a menudo convocan elecciones semicompetitivas en su intento por permanecer en el poder. Las razones son múltiples, y van desde cumplir con mandatos constitucionales hasta la necesidad de obtener algún nivel de legitimidad nacional e internacional. La evidencia internacional sugiere que boicotear este tipo de elecciones no es una buena idea. Existen numerosos casos – Chile en 1988, Nicaragua en 1990, Serbia en 2000 – donde una victoria contra un proceso electoral amañado puso en marcha una transición que llevó a la destitución de líderes autoritarios.
Impugnar las elecciones no implica necesariamente legitimarlas. Los movimientos de oposición pueden denunciar sistemáticamente las irregularidades electorales y aun así llamar a la gente a votar. La decisión de participar en una elección no se trata de asignar legitimidad, sino de elegir un terreno en el que se puede disputar el poder a un régimen autoritario. Los partidos opositores que deciden boicotear las elecciones e intentan usar la fuerza para expulsar a los gobernantes del poder suelen llevar la contienda a un escenario que disminuye sus posibilidades de éxito.
Una de las razones por las que las transiciones electorales suelen ser mucho más viables que la revolucionarias es porque participar en las elecciones implica algún tipo de negociación implícita sobre el espacio y el ritmo del cambio viable. Esto se debe a que los ganadores de una elección pueden obtener el control de la rama del gobierno para la que han sido elegidos, pero deben comprometerse a respetar las ramas restantes, que pueden haber sido nombradas por el gobierno saliente. En Nicaragua, en 1990, la decisión de la oposición de competir en las elecciones implicó un quid-pro-quo implícito de respetar el poder judicial y otras instituciones estatales, incluyendo el ejército -controlado por los sandinistas-. Al respetar cierto grado de separación de poderes, la oposición acepta un trato que excluye un enfoque de “el ganador se lo lleva todo”.
Por supuesto, no hay dos casos idénticos y los críticos pueden señalar la relativa independencia del poder judicial de Surinam como una razón para tener una mayor confianza en las instituciones. De hecho, la presidenta de la Corte Suprema, Cynthia Valstein-Montnor, fue la jueza que presidió el Tribunal Militar en el juicio contra Bouterse por el asesinato de 15 políticos opositores en 1982. El Fiscal General, Roy Baidjnath Panday, quien ayudó a bloquear los intentos de Bouterse de detener el juicio, también goza de un amplio nivel de independencia.
Sin embargo, también se da el caso de que es más fácil mantener instituciones independientes cuando las fuerzas de oposición van a elecciones y defienden los espacios políticos. La oposición de Venezuela ha demostrado ser más capaz de frustrar los avances del chavismo cuando ha tenido representación parlamentaria que cuando boicoteó las elecciones parlamentarias en 2005. De hecho, está claro que la carta más fuerte de la oposición venezolana hoy contra el régimen de Maduro – el reconocimiento internacional de Juan Guaidó como presidente interino por 58 naciones – es una consecuencia directa de la decisión de la oposición de participar en las elecciones parlamentarias de 2015 en lugar de boicotearlas, incluso en condiciones desiguales.
Un grupo de decisiones recientes del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ha despojado de sus partidos a líderes clave de la oposición, entregándolos a disidentes respaldados por Maduro. Debido a esto, algunos argumentan que la oposición venezolana realmente no tiene la opción de participar en las próximas elecciones parlamentarias; la decisión ya fue tomada por ellos. Sin embargo, este argumento es incorrecto. Todavía hay varios partidos establecidos a nivel nacional en cuyas tarjetas se pueden registrar candidaturas opositoras. Estas tarjetas fueron inscritas por algunos dirigentes opositores que anticiparon la jugada del régimen sobre el control de sus partidos.
La oposición de Venezuela puede aprender de la tenacidad de algunos de sus obstinados rivales en otros países. Después de que las autoridades electorales designadas por el presidente ecuatoriano Lenín Moreno le quitaron el control del partido Alianza País a su fundador, el expresidente Rafael Correa, y rechazaron las solicitudes de los seguidores de Correa para registrar su propio partido, el líder de izquierda siguió adelante, negándose a abandonar el terreno electoral. Entró en una alianza con un pequeño partido – el Movimiento Revolución Ciudadana- y sus candidatos lograron obtener el segundo mayor número total de votos en todo el país, a pesar de que solo pudieron presentar candidatos en 11 de las 23 elecciones estatales. Las encuestas indican que el candidato designado por Correatiene buenas posibilidades de ganar las elecciones presidenciales del próximo año.
Lograr una transición exitosa es mucho más que disputar y ganar una elección. Hacer posible una transición pacífica implica la necesidad de concesiones importantes. El líder del VHP, Santokhi, ya ha declarado que la extradición de Bouterse a los Países Bajos está fuera de discusión, ya que no está permitida por la legislación actual. Puede resultar más complicado lidiar con la sentencia de 20 años que pesa sobre la cabeza de Bouterse por los asesinatos de 1982 en las cortes surinamesas: es probable que sea necesario negociar algún tipo de amnistía para que un acuerdo sea aceptable para Bouterse. El 28 de julio, la apelación de Bouterse fue aplazada hasta nuevo aviso, una decisión que lo ayudará a evitar la cárcel. Es difícil creer que no haya habido algún nivel de negociación política detrás de esta suspensión.
Algunos dirán que este tipo de acuerdos son inaceptables. Dirán que Maduro, Bouterse y sus compinches deben enfrentar la cárcel y que cualquier solución que implique compartir el poder con sus regímenes implica un compromiso moralmente inaceptable. Uno nunca debe negociar con criminales, dirán.
Sin embargo, ¿cuál es el punto de defender una transición moralmente ideal que nunca va a ocurrir?
Francisco R. Rodríguez 