La comunidad internacional puede ofrecer a Maduro el reconocimiento a su mandato actual a cambio de una enmienda constitucional que le impida aspirar a un tercer período presidencial en las elecciones de 2024.
Venezuela está atravesando una de las peores crisis económicas vistas en cualquier país del mundo fuera de tiempos de guerra. Si bien esta catástrofe ha sido gestada casi exclusivamente por los venezolanos (las mujeres, marginalizadas a ambos lados de nuestro espectro político, han sido principalmente espectadoras en este proceso) la comunidad internacional tiene pocos éxitos que mostrar después de su decisión de involucrase más directamente. El país está atrapado en un empate catastrófico, sin que ninguna de las partes pueda obtener el control total sobre las capacidades básicas del Estado. Las consecuencias para millones de venezolanos, cuyo medios de vida se han convertido en rehenes del conflicto político, son enormes.
Reportes recientes indican que una nueva ronda de conversaciones entre representantes de Maduro y Guaidó podría iniciarse en el futuro cercano. Esto ha reavivado el interés por comprender cuál podría ser el diseño de un acuerdo negociado. Los optimistas ven un rayo de esperanza en las recientes señales atribuidas al chavismo, mientras que los escépticos nos recuerdan que hasta ahora no hay nada nuevo en lo que el régimen está dispuesto a ofrecer, y que lo que es transparente es su falta de voluntad para considerar cualquier acuerdo que amenace su control del poder. Incluso si se pudiesen extraer concesiones significativas de Maduro en una negociación, ¿qué le impedirá renegar de cualquier acuerdo una vez que haya obtenido lo que quiere? ¿Cómo se puede hacer cumplir cualquier compromiso asumido por un régimen que ejerce plenamente el monopolio del uso de la fuerza y que, comprensiblemente, está obsesionado con su autopreservación?
Para salir del impasse en el que se encuentra Venezuela, es necesario poner a un lado la fijación obsesiva con el objetivo de conseguir un cambio inmediato de gobierno, y centrarse en lograr acordar reformas institucionales que reduzcan los beneficios relativos de estar en el poder y permitan sentar las bases de la coexistencia entre las facciones políticas del país. Una forma de hacer esto es llegando a un acuerdo en el que Maduro acepte una enmienda constitucional que le prohíba buscar la reelección en 2024 a cambio del reconocimiento internacional de su mandato actual.
Los politólogos coinciden en que nuestro régimen hiperpresidencialista que convierte la política en una pugna donde el ganador se lleva todo ,está en la raíz del conflicto en Venezuela. Para sentar las bases de una transición negociada de un régimen autoritario a una democracia sostenible, el país necesita, ante todo, reducir los beneficios relativos de estar en el poder. La institución de la reelección indefinida es una de las formas más flagrantes en las que los jefes del Ejecutivo abusan de los poderes de la presidencia para permanecer en el cargo. La reimposición del límite al número de períodos durante el cual una persona puede servir como presidente reduciría el poder de la presidencia, iniciaría un proceso de sucesión de liderazgo dentro del chavismo, y abriría un espacio para que se den los realineamientos políticos necesarios para forjar una transición negociada.
Hay que cambiar el foco de las negociaciones de su fijación obsesiva con un cambio inmediato de gobierno hacia acuerdos sobre reformas institucionales que sienten las bases de la coexistencia.
Toda enmienda a la Constitución de 1999 de Venezuela debe ser aprobada por la mayoría de los votantes mediante un referéndum constitucional. Un acuerdo para eliminar la reelección indefinida (que devolvería la Constitución de Venezuela a su estado antes de una enmienda aprobada en 2009 ) nos daría lo más cercano a una garantía de irreversibilidad en el marco institucional del país: la aprobación por millones de electores venezolanos de una reforma de la Constitución a través de un proceso electoral creíble y supervisado internacionalmente. Renegar de ese compromiso en el futuro, aunque no sería imposible, sí sería extremadamente costoso para Maduro. La organización de dicho referéndum (en el que el chavismo conservaría el derecho a hacer campaña por el “No”) sería también una verdadera prueba de credibilidad para el nuevo Consejo Nacional Electoral.
A cambio de aceptar un referéndum para eliminar la reelección indefinida y comprometerse a abandonar la presidencia en enero del 2025, Estados Unidos y Europa deberían estar dispuestos a ofrecer a Maduro el reconocimiento formal de su mandato actual en la presidencia, así como la flexibilización de algunas sanciones económicas. Reconocer a Maduro como presidente de Venezuela implicaría simplemente volver a la práctica convencional en la que la decisión de tratar con un gobierno implica el reconocimiento de su control de facto sobre el territorio y no una afirmación sobre su legitimidad de origen. Lo que sí es importante es que tal decisión permitiría al gobierno recuperar el control sobre los activos y el acceso al financiamiento necesario para comenzar a diseñar una salida a la grave crisis económica del país. Otras figuras polarizantes en el gobierno y la oposición podrían, potencialmente, también comprometerse a abstenerse de aspirar en el año 2024, posiblemente a través de una restricción a que expresidentes de la Asamblea Nacional puedan aspirar a la presidencia durante un lapso de tiempo después de que hayan dejado su cargo en el Poder Legislativo.
Tal vez lo más importante es que este acuerdo separaría el tema de la continuación de Maduro en la presidencia del de la supervivencia política del chavismo. Las encuestas de opinión continúan mostrando que un gran número de venezolanos tiene una visión positiva de los logros de Chávez mientras estuvo en el poder, lo que sugiere que muchos votantes continuarán buscando ser representados por políticos que defiendan las ideas del líder socialista. Sin reelección indefinida, el chavismo probablemente continuará siendo una fuerza política formidable. Incluso puede resultar más resistente y duradero que al tener que cargar con una tercera candidatura de Maduro, una realidad que los aspirantes a líderes dentro del chavismo seguramente reconocerán apenas la propuesta empiece a discutirse.
Al ayudar a acelerar una discusión sobre la sucesión de liderazgo dentro del chavismo, esta propuesta abriría posibilidades para un realineamiento político significativo dentro de ambos lados del espectro político del país. Una extensa literatura muestra que las transiciones negociadas se hacen posibles cuando los reformistas en el gobierno son capaces de acercarse al otro lado de la acera política en búsqueda de espacios comunes de entendimiento con los moderados de la oposición. La comunidad internacional debe enviar todas las señales a los actores políticos moderados a ambos lados del espectro político venezolano para indicar su plena disposición a apoyar la recuperación económica de Venezuela y su reinserción en la comunidad mundial de naciones si se puede forjar un acuerdo común en torno a reformas institucionales que garanticen la consolidación de una democracia sostenible.
Una negociación exitosa para reimponer de nuevo límites a la reelección presidencial podría también abrir espacios para una discusión más completa sobre las reformas institucionales necesarias para construir una democracia sostenible y equitativa. Este proceso necesariamente incluiría limitar la subordinación de los poderes del Estado existente a la todopoderosa figura de la Asamblea Nacional Constituyente, modificar las normas que permiten a la mayoría legislativa controlar los nombramientos en el Poder Judicial, y restringir el control discrecional de la presidencia sobre fondos del Estado sin supervisión legislativa. Es imperativo asimismo reformar el sistema electoral de reparto de escaños legislativos para garantizar una representación adecuada de las minorías políticas del país y poner una alta barrera a que cualquier fuerza política consolide una supermayoría parlamentaria.
La comunidad internacional debe dar señales de su disposición a apoyar a sectores moderados de ambos mandos dispuestos a hallar terreno común en la construcción de reformas institucionales.
Si hay una lección que se puede aprender de la crisis venezolana, es que la comunidad internacional debe evitar la tentación de tomar partido en el conflicto político de un país, independientemente de cuán desagradable le sea uno de los lados o cuánto simpatice con la causa del otro. La experiencia nos enseña que los cambios de gobierno impuestos externamente rara vez son estables y a menudo se desploman por su cuenta. Lo que los actores políticos internacionales y nacionales pueden -y deben- hacer es ayudar a los venezolanos a encontrar una manera de resolver sus propios problemas de gobernabilidad apoyando soluciones negociadas que reduzcan el conflicto y protejan a los más vulnerables. Esperemos que no sea demasiado tarde para empezar.
Francisco R. Rodríguez 